OBSERVATORIO DE DERECHOS HUMANOS DE PUEBLOS ORIGINARIOS - ODHPI
Nuevo Código Civil, un retroceso para los Pueblos Indígenas
El Consejo Plurinacional Indígena y organismos de derechos humanos denunciaron que el proyecto de Código Civil se contradice con toda la legislación indígena vigente. Exigen que se respete el derecho a consulta y advierten que se equipara a las comunidades indígenas con los consorcios de edificios.
Por Darío Aranda
“El nuevo Código Civil enviado por la Presidenta será un retroceso enorme para los pueblos originarios. Los derechos ganados en años de lucha por nuestros pueblos, con éste proyecto quedarían reducidos a simples inmuebles rurales”, denunció Ignacio Prafil, werken (vocero) de la comunidad Fvta Anekon de Río Negro e integrante del Consejo Plurinacional Indígena (CPI), que se reunió en la puerta del Congreso Nacional para rechazar la reforma del Código Civil. Mientras en el Congreso se desarrollaba la audiencia pública para opinar sobre el proyecto, Prafil advirtió desde las escalinatas de ingreso al histórico edificio: “Desde el actual Estado se habla de derechos humanos, pero a la hora de los pueblos originarios parece que se acabaron los derechos humanos. Legislan sobre nosotros, pero no respetan nuestros derechos”. Acompañaron el reclamo la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Ya habían expresado sus cuestionamientos al proyecto el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi) y la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI). Exigen que los artículos vinculados a pueblos indígenas sean tratados en una ley especial y con consulta a los pueblos.
Paz Argentina Quiroga, huarpe de San Juan, aclaró que desde el Consejo Plurinacional no están contra la reforma del Código Civil. “El actual es un Código obsoleto, hay que modernizarlo, pero no estamos para nada de acuerdo con que incorporen artículos que afectan directamente a los pueblos originarios y sin consultar a los pueblos. Los artículos propuestos no se corresponden con la legislación vigente, se contrapone con la misma Constitución Nacional. De aprobarse así como está, será un Código Civil anticonstitucional”, remarcó Quiroga.
La referente huarpe remarcó que en Argentina viven 35 pueblos indígenas, que ninguno fue consultado y –en un contexto de “agresión territorial en los cuatro puntos cardinales del país”–, el anteproyecto enviado por el Ejecutivo “hecha por tierra la legislación ganada en décadas de lucha”.
La referente huarpe remarcó que en Argentina viven 35 pueblos indígenas, que ninguno fue consultado y –en un contexto de “agresión territorial en los cuatro puntos cardinales del país”–, el anteproyecto enviado por el Ejecutivo “hecha por tierra la legislación ganada en décadas de lucha”.
“Nos ponen en un articulito que ni nos reconoce como pueblos (como sí lo hace la Constitución Nacional), sino como comunidades. Nos ubica como si fuéramos un inmueble que se compra y se vende. No tiene nada que ver con nuestra cosmovisión. Nuestro territorio no es un recurso, es nuestra vida, nuestra existencia”, aclaró Quiroga.
Nilo Cayuqueo, mapuche de Los Toldos (Buenos Aires), exigió que se respeta el Convenio 169 de la OIT (que Argentina ratificó) y se proceda a realizar un proceso de “consulta libre, previa e informada” con los pueblos indígenas. “No aceptamos esta propuesta de Código Civil”, insistió Cayuqueo y lamentó, desde la vereda del Congreso, que los legisladores “no bajen a dialogar” con los pueblos indígenas.
Derechos humanos
Aldo Etchegoyen, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), remarcó que la organización respalda el reclamo del Consejo Plurinacional Indígena y solicitó que la Comisión Bicameral del Congreso –a cargo de las audiencias públicas por el Código Civil– “escuche seriamente el pedido de los pueblos originarios”. Pidió por la seguridad del líder qom Félix Díaz (de Formosa) y recordó que las comunidades indígenas sufren “amenazas y persecuciones” por defender los territorios indígenas.
Angélica Mendoza, del Serpaj, hizo llegar la adhesión de Adolfo Pérez Esquivel. Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, vinculó el nuevo Código Civil al avance de industrias extractivas: “En la marcha indígena del Bicentenario, la Presidenta marcó la cancha. Les avisó a los dirigentes indígenas que si hay petróleo en una comunidad iban a correr la comunidad. Los derechos humanos se respetan o se violan, y con los pueblos originarios se están violando sistemáticamente”.
Aldo Etchegoyen, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), remarcó que la organización respalda el reclamo del Consejo Plurinacional Indígena y solicitó que la Comisión Bicameral del Congreso –a cargo de las audiencias públicas por el Código Civil– “escuche seriamente el pedido de los pueblos originarios”. Pidió por la seguridad del líder qom Félix Díaz (de Formosa) y recordó que las comunidades indígenas sufren “amenazas y persecuciones” por defender los territorios indígenas.
Angélica Mendoza, del Serpaj, hizo llegar la adhesión de Adolfo Pérez Esquivel. Pablo Pimentel, de la APDH La Matanza, vinculó el nuevo Código Civil al avance de industrias extractivas: “En la marcha indígena del Bicentenario, la Presidenta marcó la cancha. Les avisó a los dirigentes indígenas que si hay petróleo en una comunidad iban a correr la comunidad. Los derechos humanos se respetan o se violan, y con los pueblos originarios se están violando sistemáticamente”.
Silvina Ramírez, presidenta de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), remarcó que “no existió el derecho a consulta” de los pueblos indígenas. “Esa vulneración de derechos no se suple con las voces que puedan ser escuchadas en estas audiencias testimoniales sobre un Código Civil que parece ya estar decidido”, advirtió y evaluó que el articulado del proyecto “muestra la incomprensión del Estado respecto a los pueblos indígenas, pueblos que son sujetos políticos y con quienes se debe construir una relación distinta para un Estado plurinacional y pluricultural”.
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, resumió: “El proyecto de Código Civil muestra desprecio por la vida de nuestros hermanos. Hay un abandono del Estado para los pueblos originarios. Hay un Gobierno que dice defiende los derechos humanos, hemos tenido avances hasta acá, pero tenemos que tener todos los derechos humanos y hoy no es tan así. No sólo los Qom, todos los pueblos originarios están siendo perseguidos, violados sus derechos y se les apropian las tierras”.
Cortiñas llamó a actuar a “todos los organismos” de derechos humanos. “No pueden mirar para otro lado. No pueden decir que reclamar lo que corresponde es voltear un Gobierno, no es verdad. El Gobierno va por un camino equivocado si no escucha”, afirmó la Madre de Plaza de Mayo.
Propuso solicitar una entrevista con la Presidenta. Y de inmediato se autorespondió: “A Félix Díaz no le dio la entrevista, no sé si nos dará la entrevista”.
Y, al estilo de Madres, terminó con una arenga: “¡Vamos con fuerza. Hasta vencer!”.
Cortiñas llamó a actuar a “todos los organismos” de derechos humanos. “No pueden mirar para otro lado. No pueden decir que reclamar lo que corresponde es voltear un Gobierno, no es verdad. El Gobierno va por un camino equivocado si no escucha”, afirmó la Madre de Plaza de Mayo.
Propuso solicitar una entrevista con la Presidenta. Y de inmediato se autorespondió: “A Félix Díaz no le dio la entrevista, no sé si nos dará la entrevista”.
Y, al estilo de Madres, terminó con una arenga: “¡Vamos con fuerza. Hasta vencer!”.
Congreso
El Consejo Plurinacional Indígena presentó un documento ante la Comisión Bicameral del Congreso (leer documento presentado). Detalla las irregularidades que contiene la propuesta del nuevo Código Civil: viola el derecho a consulta, evita legislar sobre territorio, ignora a los pueblos indígenas urbanos y periurbanos y no reconoce a los indígenas como pueblos (sólo lo hace como comunidades).
Una de las mayores críticas es que se ubica a los pueblos indígenas dentro del derecho privado (como un consorcio de edificio o una cooperativa). El Consejo Plurinacional advierte que se contradice toda la legislación de derechos humanos de pueblos indígenas vigentes y se contradice escritos de la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco. El proyecto de Código Civil incluso se opone con una de las banderas del kirchnerismo: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entiende a los pueblos indígenas como personas de derecho público no estatal (y no dentro del derecho privado, como intenta el Gobierno con el proyecto del Código Civil).
El Consejo Plurinacional Indígena presentó un documento ante la Comisión Bicameral del Congreso (leer documento presentado). Detalla las irregularidades que contiene la propuesta del nuevo Código Civil: viola el derecho a consulta, evita legislar sobre territorio, ignora a los pueblos indígenas urbanos y periurbanos y no reconoce a los indígenas como pueblos (sólo lo hace como comunidades).
Una de las mayores críticas es que se ubica a los pueblos indígenas dentro del derecho privado (como un consorcio de edificio o una cooperativa). El Consejo Plurinacional advierte que se contradice toda la legislación de derechos humanos de pueblos indígenas vigentes y se contradice escritos de la jueza de la Corte Suprema Elena Highton de Nolasco. El proyecto de Código Civil incluso se opone con una de las banderas del kirchnerismo: la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entiende a los pueblos indígenas como personas de derecho público no estatal (y no dentro del derecho privado, como intenta el Gobierno con el proyecto del Código Civil).
El Consejo Plurinacional solicita que los artículos referidos a los pueblos indígenas sean retirados del proyecto y se convoque a una consulta amplia, que respete los tiempos y los derechos indígenas, para sancionar una ley especial en materia de propiedad comunitaria indígena.
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DIARIO PAGINA 12 - Lunes 03 de septiembre de 2012
SOCIEDAD › LA CUESTION INDIGENA EN LA REFORMA DEL CODIGO CIVIL
Un debate originario
Por Darío Aranda
El Consejo Plurinacional Indígena –que reúne a organizaciones indígenas de once provincias–, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDH), el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI), el Equipo Nacional de Pastoral Aborigen (Endepa) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi), entre otras organizaciones, cuestionan que el nuevo Código Civil incluya artículos referidos a los pueblos originarios. Exigen que, sobre la base de las leyes vigentes, se debe consultar a los pueblos indígenas, alertan que (de aprobarse como fue enviado por el Poder Ejecutivo) es un “retroceso” y reclaman que la propiedad comunitaria indígena sea legislada a través de una ley especial.
El 27 de marzo, la presidenta Cristina Kirchner y el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, presentaron el anteproyecto de reforma del Código Civil. Allí se aborda la propiedad comunitaria indígena y las personerías jurídicas. Fue presentado como un avance en materia de derechos indígenas.
Al mes, el Consejo Plurinacional Indígena declaró que “la propiedad comunitaria indígena no puede quedar encorsetada en un Código Civil y debe ser reglamentada en una ley especial, como lo prometió la Presidenta en el marco de los festejos del Bicentenario. Los derechos constitucionales ganados en décadas de lucha pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en nuestras vidas y culturas”.
Firmado por, entre otros, Paz Argentina Quiroga (huarpe), Eduardo Nievas (diaguita), Félix Díaz (qom de la comunidad Potae Napocna Navogoh) y David Sarapura (del Qollamarka de Salta), remarcaron que es necesario modificar el Código Civil, pero que con el actual proyecto “se violan los derechos de los pueblos indígenas”, y denunciaron que no se consultó a las comunidades.
El martes pasado, dirigentes del Consejo Plurinacional, APDH, AADI, Serpaj y Nora Cortiñas (Madres-Línea Fundadora) se movilizaron al Congreso Nacional. “Este Código Civil será un claro retroceso para los pueblos originarios”, alertó Ignacio Prafil, de la comunidad Fvta Anekon de Río Negro, y exigió que se cumpliera con el derecho a la “consulta libre, previa e informada” vigente en la Constitución Nacional, el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
Las principales críticas –además de la falta de participación indígena– son que desconoce a los pueblos indígenas (sólo menciona “comunidades”, instancia menor a pueblos en cuanto a organización política y sujeto de derecho), no legisla sobre territorio (lo acota a sólo “tierra”), desconoce a los pueblos indígenas urbanos e introduce a los pueblos indígenas como sujeto del derecho privado (los equipara a un consorcio de edificio o a una cooperativa).
El CELS, el Odhpi, el Grupo de Apoyo Jurídico por el Acceso a la Tierra y la AADI presentaron ante la Comisión Bicameral un documento conjunto: “El texto del proyecto de Código Civil es inconstitucional porque contradice el artículo 75, inciso 17 de la Constitución nacional y los tratados de derechos humanos. La incorporación de la regulación del derecho indígena en el Código Civil en los términos proyectados daría lugar a múltiples inconstitucionalidades”.
Silvina Ramírez, presidenta de la AADI, aclaró que “las audiencias que se realizan en el Congreso no pueden ser entendidas como ‘participación indígena’. Se requieren otros procesos y otros tiempos, sujetos a las mismas leyes que el Estado sancionó y debe respetar”. Y recordó que las audiencias en el Congreso “son testimoniales” porque no son vinculantes.
El Consejo Plurinacional y las organizaciones sociales y de derechos humanos exigen que los artículos referidos a los pueblos indígenas sean retirados del proyecto e impulsan una ley especial (con participación indígena) sobre la propiedad comunitaria aborigen. Jorge Nahuel, de la Confederación Mapuche de Neuquén (CMN) y del Consejo Plurinacional, afirmó que el proyecto “es una avanzada contra el derecho indígena, el único que tiene peso jurídico para detener el modelo extractivo de las mineras, petroleras y sojeros que avanzan sobre territorio indígena”.
Fuente: Diario Página 12
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Diario El Esquiú
Pueblos originarios en alerta por la reforma del Código Civil
Afectaría los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
Los pueblos originarios reclaman un regulación a través de una Ley Especial y se muestran preocupados por el tratamiento en el Congreso de la Nación de una propuesta para modificar el Código Civil Argentino.
El título V de ese Código reglamenta cuestiones relativas a los Pueblos Indígenas y sus derechos reconocidos.
. Derechos constitucionales ganados en décadas de lucha, pueden quedar reducidos a un Código Civil que no mide el impacto que va a generar en los pueblos, consideraron.
Estas son algunas de las razones que dieron a conocer:
- Falta de Consulta: la ley obliga al Estado a consultar a los Pueblos Indígenas a través de sus instituciones representativas, cuando se legisla sobre aspectos que puedan afectar los intereses del conjunto de pueblos y culturas. En este caso, la inclusión del titulo V en el anteproyecto de ley, no se consulto ni siquiera al Consejo de Participación Indígena (CPI), creado en el marco del mismo INAI.
- Tierra, no territorio: el derecho de los PUEBLOS a administrar y controlar sus TERRITORIOS, es ya derecho reconocido y aplicado. El proyecto habla de inmueble, concepto relacionado de manera directa con el concepto de TIERRA. No utiliza el término constitucional de territorio que es más adecuado para describir el espacio o hábitat en que habitan y desarrollan su vida comunitaria los pueblos indígenas. El borrador de nuevo Código no sólo baja de rango un derecho ya normado por la Constitución y los Convenios internacionales como el 169, sino que además pretende interpretar la relación que los Pueblos tenemos con nuestros Territorios estableciendo una relación material y economicista de la tierra, despojándolo de toda su dimensión cosmogónica y cultural.
- Tierras rurales: el borrador relaciona y reduce la existencia cultural indígena a la ruralidad o campesinado. Se determina el derecho a la propiedad comunitaria únicamente sobre los inmuebles rurales (art. 2028). Se dejan afuera los espacios urbanos que en muchos casos son ocupados por grupos indígenas que han sido forzados a migrar a las ciudades y/o generaciones enteras que han nacido en la urbe, que en procesos de recuperación de la identidad se han constituido como Comunidades. Por último obliga a que el inmueble tenga como destino la preservación cultural y el hábitat comunitario, no como una forma de reconocer esos conceptos como integrantes de espacios indígenas, sino utilizándolos como limitante del derecho, inmiscuyéndose en la autonomía indígena.
- Persona Jurídica de derecho privado: el artículo 148 del borrador establece la calidad de persona jurídica de derecho privado a las Comunidades Indígenas. Esto significa que se sitúa a las Comunidades Indígenas al mismo nivel que las asociaciones civiles, que las fundaciones, que las sociedades comerciales, etc, pese a que la Constitución Nacional establece su reconocimiento como consecuencia de reconocer el carácter de PUEBLOS preexistentes al Estado Nacional. De este modo se niega la realidad jurídica previa que tienen las comunidades indígenas y se tiende a desconocer el carácter declarativo de las resoluciones de inscripción, ya que al introducir a aquellas dentro de la categoría de personas de derecho privado se las equipara a las otras personas jurídicas que constituye el Estado. Nuestras normas y sistemas de justicia, nuestros criterios de convivencia o de administración de nuestra economía, educación y salud, queda reducido y controlado en una “personería jurídica de derecho privado”, cuando el marco legal superior indica que debemos avanzar hacia una Personalidad Jurídica de Derecho Publico no estatal. Esto último implica que el Estado y sus organismos de control no pueden intervenir nuestra vida interna y procesos organizativos, que es la práctica común hasta hoy. Las direcciones de personerías jurídicas son hoy verdaderos órganos de intervención y de control sobre los pueblos.
- Pueblos, no Comunidades: la propuesta de nuevo Código Civil reconoce a la COMUNIDAD. No se refiere a los PUEBLOS INDÍGENAS como lo señala la Constitución Nacional que:”…reconoce la PREEXISTENCIA de los Pueblos Indígenas…” a la conformación del mismo estado argentino, como también lo reconoce el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas. La comunidad es la célula sobe la cual se organizan los pueblos indígenas; los pueblos indígenas están integrados por comunidades. Pero no se debe confundir el comunitarismo indígena que promueve el estado, para mantener control y dominio, con la defensa de la comunidad que hacemos los pueblos indígenas. La garantía mínima para que la vida comunitaria pueda desarrollarse y ser viable en medio de un ambiente hostil y de permanente invasión cultural, es consolidar formas de organización y nuestra institucionalidad política como Pueblos. De esa forma la comunidad se constituye en el nivel básico, la célula vital, la piedra fundamental del desarrollo como Pueblos Preexistentes.
- Derecho a la Consulta/Recursos Naturales: La incorporación del derecho a la Consulta en el borrador es de una gravedad alarmante. Es un derecho que está costando hasta vidas humanas (en el país y en otras regiones del continente), por la importancia estratégica para defendernos del avance de la explotación irracional sobre nuestros territorios. Que hayan incluido el derecho a la Consulta, en este borrador de nuevo código, en un artículo, el 2038, que dice: la explotación de nuestros recursos naturales: “…está sujeto a previa información y consulta a las comunidades…” es violatoria de todos los avances sobre el tema. El derecho ya reconocido (art. 6 y 15 del Convenio 169 y art. 18 y 19 de la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas) es la necesidad de obtener el Libre Consentimiento Fundamentado Previo de los Pueblos afectados ante medidas u actos que puedan afectar sus intereses. Este avance conseguido en la última década, queda reducido en el borrador a un mero trámite administrativo de “información y consulta”.
En este caso lo grave de la situación es que van a encorsetar al derecho indígena que es un derecho CONSTITUCIONAL, dentro del Título de un Código Civil. no es un descuido, porque el derecho indígena va tomando tal dimensión, al punto de ser el único que tiene legitimidad, autoridad moral y peso jurídico para condicionar o detener un modelo de explotación extractivista, , es un proyecto de muerte para los territorios.
Actualizar un Código Civil que hoy es obsoleto y contradice la realidad que pretende regular, es sumamente necesario. Lo que es inadecuado a todas luces, es reglamentar la propiedad comunitaria indígena mediante la incorporación de un titulo especial en el Código Civil, toda vez que la posesión y propiedad indígena no solo son diferentes a la posesión y propiedad civil, sino muchas veces, hasta incompatibles.
La Propiedad Comunitaria no puede quedar encorsetado en un Código Civil ,debe ser reglamentado en una Ley Especial.
Fuente: Valle Calchaquí.com - El Esquiú
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DIARIO CLARÍN
Para los pueblos originarios, la reforma va contra sus derechos
31/08/12
“Nosotros entendemos el mundo desde otro lugar”, dijo Silvia Claleo. Espero unos segundos y siguió: “O desde este lugar, porque nosotros estamos aquí desde siempre, desde antes del Estado”.
Ella, representante de la Comunidad Mapuche Gelayko, fue una de las expositoras de los pueblos originarios que ayer volvieron a rechazar en el Congreso su oposición a los artículos del Código Civil que regulan la propiedad comunitaria.
Los representantes indígenas se oponen a que se les exija obtener la personería jurídica de la comunidad para poder acceder a la propiedad comunitaria y también que ese derecho se reduzca sólo a “inmuebles rurales”.
Los pueblos originarios reclaman también una consulta antes de aprobar una legislación que los afectará. “Se pretende atentar contra los derechos constitucionales ¿cuál es la intención del Estado? ¿Expropiar?”, aseguró Angélica Tena, de la Agrupación Tormenta Calchaquí.
Fuente Diario Clarín
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